La representación legal ofrecida por el Estado como Corredor Publico, ofrece certeza de los actos de los comerciantes y prestadores de servicio del comercio en general. Particularmente en las operaciones contractual, comercio exterior, contable y fiscal.
Se ofrece la legalidad de los actos del comerciante entre sus clientes y proveedores, mercancías o servicios.
Asesorando en las actividades mercantiles. Mediando los actos conforme a la Ley. Valuando las actividades. Y complementando con la fe publica, siendo el Estado quien reconoce los actos como públicos y formales.